LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EXIGEN MAYOR ÉTICA AL GOBIERNO AUTONÓMICO
Son ellos los que lo han sacado a la luz pública en los periódicos del día 25 de abril de 2010. Nosotros leímos la Opinión.
El titular es:
El Gobierno de Canarias exige más rendimiento a sus funcionarios
Un trabajador será apartado del servicio por negligencia o por incumplir órdenes.
El Articulo ya comienza mal pues habla de los funcionarios del gobierno regional y cita una cantidad “casi 100.000 funcionarios” dice luego “que trabajan para las Administraciones isleñas”.
Es el primer hecho de dudoso honor. Mezclar cifras haciendo creer al ciudadano que, solo para el gobierno regional somos cien mil.
Más adelante dice
“establece un amplio régimen disciplinario en el que un empleado público puede ser apartado del servicio por no cumplir sus funciones, por negligencia a la hora de desempeñar las tareas encomendadas o por desobedecer las órdenes de un superior”
“El texto legal establece cortapisas a la carrera profesional y al incremento en el nivel retributivo de los funcionarios si no rinden lo suficiente.”
“En el caso de que el trabajador no supere los criterios de evaluación de desempeño establecidos puede perder la categoría, lo que llevaría aparejado también una reducción del salario. Asimismo, se enumera un amplio catálogo de principios de conducta …………………….”
“La Administración tendrá la potestad de nombrar a directivos profesionales, …………… misión principal la ejecución de las medidas y tareas encomendadas en cada departamento para lograr los objetivos incluidos en la evaluación del desempeño. Los directivos profesionales pueden ser funcionarios de carrera o personas designadas por criterios políticos.”
Muy bien, analicemos esta información.
Primero debe quedar claro que una Administración pública no es una fábrica por ejemplo, de producción de palillos en la que, se pueden contar cuantos hace cada trabajador al día.
No señor, un empleado público está obligado a la observancia de la norma que corresponda en cualquiera de sus cometidos pues, existe un principio constitucional que dice que todos somos iguales ante la Ley. Es cuando algún empleado público incumple una Ley, en el trámite en el que intervenga, cuado debe ser sancionado o incluso, demandado ante la justicia según el caso. Y no hay nada que moleste más a un político que un empleado público le ponga delante la ley cuando quiere saltársela.
No es nada nuevo bajo nuestros pies. Podemos leer en la Biblia que Jesucristo afirmó – Cuidaos de los fariseos que dictan leyes que ellos no cumplen – que cuelan mosquitos y dejan pasar camellos-.
Que se lea o se oiga, en los medios de comunicación, y con mucha frecuencia, a los juzgados siempre van Políticos supuestamente perversos. Quizá, en alguna ocasión, algún empleado público que generalmente tenía relación con el Político supuestamente perverso ha caído ante la justicia.
Así las cosas se pueden leer lindezas en las que cabe sintetizar en que, los empleados públicos van a ser evaluados en su trabajo y sancionados con perdida de salario y/o categoría profesional si no cumple las órdenes que se les den, encaminadas a la ejecución de las medidas y tareas encomendadas. Para vigilar y evaluar al empleado público nombrarán directivos profesionales que pueden ser funcionarios de carrera o personas designadas por criterios políticos.
Bien, aquí también es bueno poner en claro que, cuando un partido político gana las elecciones y conforma un gobierno son, esos políticos, los que diseñan las políticas que quieren emprender así por ejemplo: Diseñan políticas que mejoren el área de salud. De vivienda. De industria y también de otras áreas. Pero todo y siempre, desde la observancia de la ley pues, acaban de formar un gobierno y no una comisión de festejos.
Al primer principio que se someten es, a saber que todos los ciudadanos son iguales ante la ley (Se sonríe Usted, nosotros también).
Esto es así porque de lo contrario darían, licencias de obra por ejemplo, solo a sus amigos. O en definitiva habrían obtenido el poder para favorecer solo a los que estuvieran con ellos.
Y hete aquí que, la brillante solución del Gobierno Autonómico Canario que está fraguando está ley, es la de poner a controlar el trabajo de un empleado público a personas designadas por criterio político.
El ejemplo más cercano es que, imagine Usted que se enfrentan dos equipos de fútbol pero, con la siguiente particularidad:
En el campo, cada presidente de cada club, coloca su propio árbitro y además está el árbitro oficial.
¿Cómo cree Usted que acabará el partido?. Seria un caos.
Ahora le vamos a poner un supuesto como ejemplo claro del ejercicio del empleo público:
Recuerde y piense que ese empleado público puede ser, hoy o mañana, cualquier ser querido suyo.
Y recuerde también lo que refiere la Ley que están haciendo, “un empleado público puede ser apartado del servicio por no cumplir sus funciones, por negligencia a la hora de desempeñar las tareas encomendadas o por desobedecer las órdenes de un superior”
Pongamos que a una subvención se presentan dos entidades aspirantes.
Se sabe que una de ellas es la favorita, aunque el político, no haya dicho ni pío (como se puede observar somos generosos).
A la vista de los Proyectos presentados está claro que la favorita, no cumple con lo exigido para obtener la subvención. La otra entidad, sí cumple todos los requisitos.
Bien, los dos expedientes están ante un empleado público que tiene, en su cogote, a una persona designada por criterio político para controlar su rendimiento como trabajador.
Ve los dos expedientes y comprueba que el favorito está mal. Lo informa negativamente y propone la denegación de la subvención.
La otra entidad tiene un proyecto que se ajusta a lo exigido. Lo informa favorablemente y propone la concesión de la subvención.
Qué cree Usted; que pensará el político: ¿Qué lo hizo bien? ó ¿Qué lo hizo mal?.
